La reforma responde a sentencias de la Suprema Corte y del Tribunal Colegiado que declararon inconstitucional penalizar el aborto de forma absoluta. Con esta decisión, Tabasco se convierte en la entidad número 24 del país en garantizar el acceso legal a la interrupción del embarazo en etapas tempranas.
EUSKERA
El Congreso de Tabasco aprobó este miércoles 14 de mayo la despenalización del aborto voluntario hasta las 12 semanas de gestación. La medida fue aprobada con 33 votos a favor, uno en contra y una abstención, convirtiendo al estado en la entidad número 24 del país en garantizar este derecho.
La decisión legislativa se dio en cumplimiento con sentencias de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y del Tribunal Colegiado en Materia Penal del Décimo Circuito, que resolvió un amparo en el que declaró inconstitucionales los artículos del Código Penal de Tabasco que castigaban el aborto voluntario.
Antes de esta reforma, el aborto en Tabasco no era sancionado en ciertos casos, como cuando el embarazo era producto de una violación, de una inseminación no consentida o cuando ponía en riesgo la vida de la mujer. Con esta nueva ley, se amplía el marco legal para que una mujer pueda decidir interrumpir su embarazo dentro de las primeras 12 semanas sin enfrentar consecuencias penales.
El dictamen aprobado indica que, en caso de que el aborto ocurra después de la semana 12, sí se podrían aplicar sanciones: de uno a tres años de prisión a quien provoque el aborto con el consentimiento de la mujer, y de seis meses a tres años a la mujer que lo procure por sí misma.
Durante la sesión legislativa, el presidente de la Mesa Directiva, Marcos Rosendo Medina Filigrana, expresó su desacuerdo con lo que consideró intromisiones del Poder Judicial federal, aunque reconoció que se debía acatar la resolución.
Tras la votación, se solicitó que el decreto sea enviado al Ejecutivo estatal para su promulgación y publicación en el Periódico Oficial del Estado de Tabasco.
Organizaciones como el Grupo de Información en Reproducción Elegida (GIRE) señalaron que esta decisión es un paso importante hacia la armonización de las leyes estatales con los criterios establecidos por la SCJN desde 2021, que señalan que penalizar el aborto de forma absoluta va en contra de derechos como la dignidad, la autonomía reproductiva, la salud y la igualdad.
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