La medida también establece penas más duras por delitos relacionados con armas y explosivos

Miriam Vázquez

El Senado de la República aprobó por unanimidad una reforma a la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos. Con 105 votos a favor se dio luz verde a una iniciativa enviada por el expresidente Andrés Manuel López Obrador. El dictamen fue enviado a la presidenta Claudia Sheinbaum para su promulgación.

La reforma autoriza que empleados de instituciones como Pemex, el Servicio de Administración Tributaria (SAT), Banco de México (Banxico), la Comisión Federal de Electricidad (CFE), la Casa de Moneda y el Centro Nacional de Inteligencia (CNI), así como empresas de seguridad privada puedan portar armas de fuego. Esto será posible siempre que justifiquen la necesidad y cumplan con los requisitos legales establecidos por la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).

La modificación abarca más de 100 artículos y también incluye sanciones más estrictas para delitos relacionados con armas. Por ejemplo se establecen penas de 4 a 8 años de prisión y multas de 700 a 1,500 UMAs para quienes usen armas prohibidas. El ingreso ilegal de armas o aditamentos al país será castigado con 7 a 30 años de cárcel y el mal uso de explosivos o sustancias reservadas a las Fuerzas Armadas tendrá penas de 6 a 12 años. Además quienes hagan uso indebido de armas asignadas a cuerpos policiales o de justicia podrían enfrentar de 7 a 15 años de prisión.

También se introducen nuevas reglas en actividades como la charrería donde se permitirá portar revólveres de mayor calibre como parte del atuendo, siempre que estén descargados.

La ley prohíbe estrictamente el uso de aditamentos para convertir armas semiautomáticas en automáticas, así como accesorios como miras térmicas, holográficas o equipos de visión nocturna.

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