Rocha Moya dejó iniciativa para modificar ley de transparencia antes de pedir licencia en Sinaloa

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La organización Iniciativa Sinaloa advirtió que los cambios planteados podían limitar la consulta de documentos relacionados con contratos, manejo de recursos y expedientes contra funcionarios públicos.


EUSKERA

Culiacán, Sin.- Días antes de solicitar licencia al cargo, el gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, envió al Congreso del estado una iniciativa para modificar la Ley de Transparencia, propuesta que incluía cambios relacionados con el acceso a documentos sobre el uso de recursos públicos.

Entre los puntos señalados por organizaciones civiles y periodistas, se encontraba la posibilidad de limitar la entrega de comprobantes fiscales, facturas y recibos utilizados para comprobar gastos del gobierno estatal.

La iniciativa fue presentada el 21 de abril y comenzó a revisarse en el Congreso local. De acuerdo con información difundida por la organización Iniciativa Sinaloa, el contenido de la propuesta no se había dado a conocer públicamente antes de iniciar el proceso legislativo.

Marlene León, directora de la organización, señaló que la reforma incluía cambios que afectarían el acceso a información sobre contratos, gastos públicos y denuncias administrativas relacionadas con servidores públicos.

También explicó que la propuesta contemplaba modificaciones para partidos políticos, municipios, sindicatos y universidades en temas de transparencia y acceso a información pública.

Según la organización, algunos datos relacionados con contratos, recursos públicos y comprobación de gastos dejarían de estar disponibles de la misma manera que actualmente.

La iniciativa se presentó en medio de cuestionamientos públicos hacia la administración estatal por temas financieros y señalamientos relacionados con funcionarios y exfuncionarios de Sinaloa investigados en Estados Unidos.

Entre los temas mencionados se encuentran préstamos solicitados por el gobierno estatal y acusaciones realizadas por autoridades estadounidenses contra exfuncionarios vinculados al gobierno sinaloense.

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