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El 30 de octubre de 2024, la crisis en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) alcanzó un nuevo punto crítico con la renuncia de ocho ministros, en el contexto de la reforma judicial promovida por el gobierno de la Cuarta Transformación (4T). La presidenta de la Corte, Norma Piña, la anunció en una carta en la que enfatizó que su decisión es un acto de “congruencia y respeto al texto constitucional”. Piña aclaró que no acepta la separación del cargo para el que fue designada hasta el 10 de diciembre de 2030, subrayando su compromiso con los principios jurídicos que rigen la institución.

La ministra Margarita Ríos Farjat también se unió, renunciando a su puesto y declinando participar en la elección de juzgadores para 2025. Junto a ellas, el ministro Javier Laynez Potisek presentó su renuncia y anunció que no participará en el proceso electoral extraordinario programado para el 1° de junio de 2025. Estas decisiones se producen en un clima de tensiones políticas y cambios profundos en el marco legal del país.

Entre las renuncias más notables se encuentran las de Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena y Jorge Mario Pardo Rebolledo, quienes también hicieron pública su decisión en días recientes. Gutiérrez Ortiz Mena, en su carta, argumentó que su salida es un reflejo de su profundo respeto por la Constitución y su convicción de que la judicatura no debe estar sujeta a la aprobación popular. Subrayó que su compromiso ha sido siempre proteger los derechos de los más vulnerables.

Por su parte, el ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá manifestó en su renuncia que se había equivocado al confiar en que la razón prevalecería sobre las pasiones, lo que evidencia las tensiones internas en la SCJN. Con la salida de estos funcionarios, el futuro del poder judicial mexicano se encuentra en una encrucijada.

El presidente de la Mesa Directiva del Senado, Gerardo Fernández Noroña, había señalado previamente que el 30 de octubre era la fecha límite para que los ministros presentaran su renuncia o manifestaran su interés en participar en el nuevo proceso electoral. En un contexto donde la independencia judicial se ha puesto en duda, estas renuncias marcan un cambio significativo en la estructura de la Corte, con solo tres ministras vinculadas al oficialismo preparándose para participar en el próximo proceso electoral.