La iniciativa presentada en la Cámara de Diputados también plantea multas de hasta 24 mil días y que los delitos relacionados con estas conductas no prescriban.

EUSKERA

Ciudad de México.- El Partido Acción Nacional (PAN) presentó en la Cámara de Diputados una propuesta para aumentar las penas contra servidores públicos que colaboren o tengan acuerdos con integrantes del crimen organizado.

La iniciativa plantea castigos de entre 80 y 140 años de prisión, además de multas de hasta 24 mil días. También propone que estos delitos sean considerados imprescriptibles, es decir, que puedan investigarse y sancionarse aunque pase el tiempo.

El proyecto fue presentado por el diputado José Manuel Hinojosa Pérez y contempla modificaciones al Código Penal Federal y a la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada.

De acuerdo con la propuesta, las sanciones aplicarían a funcionarios de distintos niveles y áreas de gobierno que utilicen sus cargos o las instituciones públicas para favorecer, proteger o facilitar actividades de grupos criminales.

El coordinador del PAN en la Cámara de Diputados, Elías Lixa, señaló que la bancada busca establecer penas que impidan que funcionarios responsables de este tipo de delitos recuperen su libertad.

Durante la presentación, el legislador también hizo referencia a los señalamientos contra funcionarios de Sinaloa y mencionó los casos del gobernador Rubén Rocha Moya y del senador Enrique Inzunza. Ambos han rechazado las acusaciones sobre presuntos vínculos con el crimen organizado.

Lixa sostuvo que las separaciones de cargos o cambios dentro de las bancadas no sustituyen una modificación a las leyes para sancionar este tipo de conductas.

La propuesta también contempla que las investigaciones alcancen a servidores públicos de los tres poderes, fiscalías y áreas relacionadas con seguridad pública.

El PAN plantea que las nuevas sanciones sirvan para evitar que las instituciones gubernamentales sean utilizadas para proteger actividades delictivas o beneficiar a organizaciones criminales.

Por ahora, la iniciativa se encuentra en proceso legislativo y no ha sido aprobada. Morena y sus aliados tampoco han definido públicamente si respaldarán la propuesta.

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