Al filo de la medianoche del jueves, el Centro de Reinserción Social (CERESO) No. 1 de la ciudad de Durango fue escenario de un amplio operativo de revisión encabezado por el Secretario de Seguridad Pública del estado, Óscar Galván Villarreal. El despliegue, que sorprendió por su dimensión y por el sigilo previo al ingreso, involucró a efectivos de la Secretaría de la Defensa Nacional, Guardia Nacional, Policía Estatal, Policía Penitenciaria, Policía Investigadora del Delito, Policía Municipal, peritos de la Fiscalía General del Estado, Ministerio Público y observadores de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Durango.

Aunque oficialmente fue catalogado como una revisión de rutina, la movilización no pasó desapercibida entre los familiares de las Personas Privadas de su Libertad (PPL), quienes —sin que hasta ahora se conozca cómo— se enteraron de la intervención y comenzaron a congregarse durante la madrugada a las afueras del centro penitenciario, visiblemente inquietos ante la posibilidad de que se realizaran traslados o acciones extraordinarias dentro del penal.

Horas después, el propio Secretario de Seguridad Pública salió al encuentro de los familiares para informarles que no había traslados en curso y que el operativo respondía únicamente a los protocolos establecidos para garantizar el orden, la seguridad interna y la prevención de riesgos dentro del CERESO. “Se trata de revisiones ordinarias, en las cuales es necesario implementar medidas de control y seguridad mientras se desarrollan las diligencias”, explicó Galván Villarreal, quien estuvo acompañado por personal de su equipo operativo.

Hasta el momento, las autoridades no han informado sobre los resultados de la revisión ni han confirmado si se localizaron objetos prohibidos, inconsistencias o incidentes relevantes durante la inspección. Tampoco se ha precisado cómo se filtró la información que llevó a los familiares a reunirse a las puertas del penal.

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