La ley impone penas de 15 a 42 años por extorsión y sanciones a funcionarios que la permitan. También castiga con 6 a 12 años de prisión a reos que usen celulares u otros dispositivos.
EUSKERA
El Congreso de la Unión aprobó una nueva ley para enfrentar la extorsión, un delito que este año alcanzó cifras históricas con 5,887 víctimas registradas entre enero y junio, un aumento del 7% respecto al año anterior. Es el nivel más alto desde que se tiene registro.
La norma unifica la definición de extorsión en todo el país, ya que cada estado la castigaba de forma distinta. También permite que este delito se investigue sin necesidad de denuncia y que cualquier persona pueda reportarlo de forma anónima. Con esto, las autoridades buscan mejorar los niveles de denuncia, pues actualmente el 96.7% de los casos no se reportan.
La ley establece penas de 15 a 42 años de prisión para quienes cometan extorsión, además de sanciones para funcionarios que no denuncien o que permitan este delito desde los centros penitenciarios. También fija de 6 a 12 años de cárcel para personas privadas de la libertad que usen celulares u otros dispositivos electrónicos.
La presidenta Claudia Sheinbaum publicó el decreto en el Diario Oficial de la Federación el 28 de noviembre, y la ley entró en vigor ayer, 29 de noviembre. Su aprobación implicó cambios en varios ordenamientos, como el Código Penal Federal y la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada.
La normativa también define cómo deberán coordinarse municipios, estados y Federación para investigar y castigar la extorsión. El Gobierno Federal podrá atraer casos cuando existan motivos legales, resoluciones internacionales o cuando lo solicite el Ministerio Público de la Federación.
Las penas pueden aumentar en situaciones específicas, como el uso de violencia, armas, participación de varias personas, uso de menores de edad o cuando el delito sea cometido por servidores públicos o mediante daños a negocios o bienes de la víctima.
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