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Durango, Dgo.- La familia de Carlos Emilio Galván Valenzuela promovió un juicio de amparo para obligar a autoridades federales y estatales a informar de manera puntual sobre los restos humanos localizados en fosas clandestinas en las inmediaciones del municipio de Concordia, Sinaloa. La solicitud buscaba que instancias como la Fiscalía General de la República, la Fiscalía de Sinaloa y las comisiones de búsqueda entregaran datos verificables, completos y oportunos a víctimas directas e indirectas, así como permitir el acceso de colectivos a la zona de hallazgos con medidas de seguridad y preservación de evidencia.

El recurso fue presentado bajo el argumento de interés jurídico —por la desaparición de Carlos Emilio— y también de interés legítimo, en representación de otras familias que enfrentan la misma incertidumbre. La demanda se apoyó en criterios de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que ha establecido que los familiares de personas desaparecidas viven afectaciones equiparables a la tortura psicológica, debido a la falta de información y a la angustia prolongada por la ausencia de sus seres queridos.

Sin embargo, el juez federal Isaí López Triana negó la medida solicitada al considerar que la omisión de las autoridades no constituye un acto urgente ni compromete gravemente la dignidad o integridad personal de los promoventes “al grado de equipararse a un tormento”. En su resolución, sostuvo que la calificación de la urgencia corresponde exclusivamente al juzgador, criterio que contrasta con los precedentes de la Corte invocados por la familia.

El caso fue impugnado mediante un recurso de queja que será resuelto en las próximas 48 horas por un Tribunal Colegiado de Circuito en Sinaloa.

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