Más de 6 mil 600 cámaras han sido desactivadas en 75 municipios, evidenciando la creciente sofisticación de los grupos delictivos.

EUSKERA

De acuerdo con una investigación realizada por el periódico EL UNIVERSAL, grupos del crimen organizado han colocado cámaras de videovigilancia ilegales en al menos 21 estados del país para seguir los movimientos de las autoridades, sus rivales y víctimas. Estas cámaras conocidas como “cámaras parásitas”, se encuentran en postes, casas, comercios y mercados.

Desde 2024 y lo que va de 2025, las autoridades han logrado desactivar al menos 6,619 cámaras en más de 75 municipios de 21 estados del país. El Ejército Mexicano, la Guardia Nacional y la Marina han informado sobre el hallazgo de centros clandestinos de monitoreo, antenas de repetición y otros equipos utilizados para hacer el seguimiento en tiempo real de diversas actividades en la vía pública. Estas cámaras no solo sirven para espiar a las autoridades, sino también para coordinar actividades criminales y vigilar las zonas controladas por los grupos delictivos.

Uno de los lugares con mayor número de cámaras encontradas ha sido Sinaloa, donde se han retirado más de 1,500 cámaras en los municipios de Culiacán, Mazatlán y Navolato. Las cámaras utilizadas por los criminales varían en tipo y modelo, incluyendo cámaras PTZ (panorámicas y con zoom) que tienen un costo accesible y se pueden adquirir fácilmente en tiendas en línea. En Guanajuato, también se ha reportado el retiro de aproximadamente 1,400 cámaras, principalmente en el municipio de Celaya, mientras que en San Luis Potosí las autoridades han desactivado más de 400 cámaras en varios municipios.

En algunos estados como Guerrero, las autoridades han encontrado cámaras dentro de mercados, lo que ha aumentado la preocupación por el nivel de control que los criminales tienen sobre ciertas áreas. En Chilpancingo, por ejemplo, la Guardia Nacional y el Ejército retiraron 21 cámaras en el mercado central, un área que había sido escenario de varios crímenes recientes, incluidos homicidios de trabajadores y policías.

En Baja California, se han retirado más de 670 cámaras ilegales en distintas zonas y en algunos casos, los delincuentes colocan los dispositivos en comercios bajo amenaza o pagando el servicio de internet para hacer funcionar las cámaras. Incluso se han reportado casos en los que los grupos criminales instalan las cámaras para vigilar las actividades de colectivos de personas que buscan a desaparecidos, como sucedió en un operativo en Playas de Rosarito.

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