La fiscal general de la República, Ernestina Godoy Ramos, informó que fue desmantelada una presunta red de contrabando de combustible y que se mantiene una investigación contra el exgobernador de Baja California, Ernesto Ruffo Appel, por su presunta relación con una de las empresas involucradas.

EUSKERA

Ciudad de México.- La Fiscalía General de la República (FGR) informó sobre el desmantelamiento de una presunta red dedicada al contrabando de combustible que operaba en distintas entidades del país y que, de acuerdo con las investigaciones, ocasionó un millonario daño a la hacienda pública.

Durante un informe oficial, la titular de la dependencia, Ernestina Godoy Ramos, explicó que la investigación derivó en la emisión de 25 órdenes de aprehensión, de las cuales cuatro ya fueron cumplimentadas. Entre las personas detenidas se encuentra el exgobernador de Baja California, Ernesto Ruffo Appel.

Según la FGR, la organización utilizaba un esquema mediante el cual el combustible ingresaba desde refinerías de Texas, Estados Unidos, con declaraciones falsas ante las autoridades aduaneras. Los responsables reportaban menores cantidades de hidrocarburos o registraban mercancías distintas a las que realmente transportaban.

La investigación señala que el combustible era distribuido posteriormente en entidades como Coahuila, Durango y Zacatecas, además de utilizar puntos de descarga clandestinos para evitar revisiones.

De acuerdo con la Fiscalía, la red declaraba únicamente alrededor del 10 por ciento de la capacidad de los carrotanques ferroviarios, ya que mientras reportaban cerca de 10 mil litros, en realidad transportaban hasta 110 mil litros de combustible.

Las autoridades también detectaron que el hidrocarburo era distribuido mediante diversas empresas y que la organización habría realizado miles de operaciones irregulares de importación, además de movimientos financieros que forman parte de las investigaciones por presunto lavado de dinero.

La FGR informó que el posible daño directo documentado en una parte de la investigación asciende a 106 millones 800 mil 821 pesos, aunque las indagatorias estiman que el impacto económico total del esquema podría superar los 4 mil 456 millones de pesos.

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