Entre los aspirantes señalados se encuentran personas investigadas por la FGR, un exabogado de Los Zetas y un candidato en Durango con antecedentes de prisión por narcotráfico.

EUSKERA

A menos de un mes de las elecciones judiciales del 1 de junio, el Instituto Nacional Electoral (INE) decidió no cancelar el registro de 26 candidatos a jueces y magistrados, a pesar de que algunos enfrentan acusaciones por presuntos vínculos con el crimen organizado o no cumplen con requisitos académicos.

Durante una sesión del Consejo General, los consejeros electorales argumentaron que no tienen facultades legales ni constitucionales para eliminar candidaturas en este proceso. La petición había sido presentada por Gerardo Fernández Noroña y Sergio Gutiérrez Luna, presidentes del Senado y la Cámara de Diputados, quienes pidieron al INE anular las postulaciones por razones de idoneidad o antecedentes penales.

El INE enfatizó que los comités de evaluación de los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial son los responsables de seleccionar a los candidatos, y que estos debieron verificar que los aspirantes cumplieran con todos los requisitos, como contar con buena reputación y un promedio mínimo de ocho en la licenciatura.

Entre los candidatos señalados se encuentra Fernando Escamilla, exabogado de un líder del grupo criminal Los Zetas. También hay al menos 18 aspirantes investigados por la Fiscalía General de la República por delitos graves como peculado, lesiones, amenazas y vínculos con el crimen organizado. Otras ocho personas no alcanzaron el promedio académico necesario.

Pese a las irregularidades señaladas, el INE resolvió que solo puede revisar la elegibilidad de los candidatos después de las elecciones, en caso de que alguno resulte electo. Según la ley, esa evaluación se realiza antes de entregar la constancia de mayoría y declarar válidos los resultados.

La consejera Dania Ravel explicó que el instituto no puede asumir responsabilidades que no le corresponden, mientras que Claudia Zavala criticó a los comités de los tres poderes por no haber realizado una revisión adecuada de los perfiles.

Aunque no podrá intervenir antes del 1 de junio, el INE pidió al Senado y a la Cámara de Diputados que entreguen información detallada sobre los candidatos cuestionados, con el fin de revisar sus casos en caso de que resulten ganadores.

Esta elección judicial es la primera en México en la que los ciudadanos votarán directamente por cargos del Poder Judicial, con más de 3 mil aspirantes y casi 100 millones de personas convocadas a participar. La falta de control en los registros ha generado dudas sobre la calidad y legitimidad del proceso.

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