Diez meses bastaron para que el paso de Jhonatan Jardines Fraire por la Delegación de Bienestar en Durango se convirtiera en sinónimo de conflicto. Llegó como operador premiado por la campaña presidencial de 2024 y se fue en silencio, tras semanas de rumores, con un breve mensaje de despedida en redes sociales. En medio quedaron protestas de trabajadores, acusaciones de acoso, audios que lo exhibieron operando políticamente y una oficina sitiada durante más de dos meses, mientras los programas sociales quedaban en pausa y la polémica marcaba su gestión.
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Durango, Dgo.- El rumor circuló durante las últimas semanas: Jhonatan Jardines Fraire dejaría la Delegación de Bienestar en Durango. La confirmación llegó la tarde del viernes, cuando el propio funcionario publicó un breve mensaje en su cuenta de X. En él agradecía a la presidenta Claudia Sheinbaum por el “privilegio” de haber servido en su Gobierno y prometía seguir trabajando para su proyecto. Ninguna explicación más.
La salida cierra un ciclo tan breve como turbulento. Jardines, de origen capitalino, desembarcó en Durango “premiado” por la presidenta tras la campaña de 2024, en la que se desempeñó como delegado político de Morena. El encargo parecía estratégico: administrar el programa social más importante del Gobierno federal en un estado clave. Lo que siguió, sin embargo, fue una gestión marcada por el conflicto, la confrontación y la polémica.
Protestas y acusaciones
Las primeras señales de tormenta aparecieron pronto. Trabajadores denunciaron acoso laboral, despidos injustificados y malos tratos. En mayo de este año se filtraron audios de videollamadas en los que Jardines operaba políticamente a favor de los candidatos de Morena en Durango, utilizando supuestamente los recursos públicos para fines electorales. La indignación creció, pero las denuncias nunca derivaron en investigación.
La tensión escaló hasta que las oficinas de la delegación fueron tomadas durante 63 días por extrabajadores. El edificio quedó paralizado hasta finales de julio. Beneficiarios de los programas, organizaciones civiles y personal interno lo acusaban directamente de acoso, manipulación política y desprecio por el diálogo institucional. La dependencia que debía garantizar apoyos sociales terminó convertida en un campo de batalla.
Viejas sombras desde la capital
El perfil de Jardines ya estaba marcado por episodios oscuros. En la Ciudad de México su nombre apareció vinculado en 2016 al asesinato del activista de la comunidad LGBTI Christian Iván Sánchez Venancio. Aunque nunca fue procesado, fue señalado como testigo en un caso rodeado de irregularidades que terminó cerrándose sin consecuencias directas para él. Años antes, la entonces PGR lo acusó de utilizar documentos oficiales con diferentes nombres, un proceso que, de igual manera, se diluyó de forma repentina.
Ese historial acompañó su estilo en Durango: frío, distante y reacio al diálogo. Funcionarios estatales lo acusaron de negarse a coordinarse en la entrega de programas sociales, lo que derivó en retrasos que afectaron directamente a la población más vulnerable. El rechazo se acumuló, desde líderes comunitarios hasta beneficiarios de apoyos, y terminó por dibujar la imagen de un delegado ajeno a la misión social que debía representar.
Fracaso político y salida silenciosa
Paradójicamente, la operación política atribuida a Jardines no se tradujo en resultados electorales. Morena sufrió derrotas contundentes en Durango, incluida la capital, donde su candidato José Ramón Enríquez Herrera fracasó pese a la supuesta estructura federal desplegada. Jardines pasó de operador estratégico a rostro visible de un plan fallido.
El comunicado de despedida fue escueto, casi protocolario: agradecimiento a la presidenta, promesa de lealtad y nada más. Con su salida, la Delegación de Bienestar en Durango queda marcada por meses de tensiones internas, protestas y retrasos en la entrega de programas sociales.
La renuncia cierra una etapa breve, cargada de controversias, en la que la política social del Gobierno federal en Durango se vio envuelta en conflictos laborales, acusaciones y derrotas electorales. Un capítulo incómodo para la administración estatal y federal, cuyas consecuencias aún resienten trabajadores y beneficiarios.
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