Tras un amparo federal, colectivos y activistas presionan para que los diputados voten una ley que despenalice el aborto; la discusión llega en un momento clave.

Karen Pulido

Durango, Dgo.- Durango es uno de los pocos estados en donde el aborto sigue penalizado. La polémica regresó con fuerza: en pocos días, los diputados locales se preparan para votar una iniciativa que podría despenalizar la interrupción voluntaria del embarazo. Colectivos feministas y organizaciones de derechos reproductivos han intensificado su presencia pública y sus llamados para que la legislatura atienda la sentencia judicial que lo exige.

A menos de un mes de finalizar el año y con ello el vencimiento del ordenamiento que el Congreso del Estado recibió del Tribunal Federal Colegiado para despenalizar el aborto, el cual concluye el próximo 15 de diciembre, el tema podría nuevamente aplazarse si no se concreta una votación antes de esa fecha. En marzo de 2025, las Comisiones Unidas de Justicia y Equidad de Género del Congreso de Durango organizaron un foro con especialistas, activistas y autoridades para discutir una reforma al Código Penal.

Durante ese conversatorio, la diputada Delia Enríquez, presidenta de la Comisión de Equidad de Género, afirmó: “estamos cumpliendo una deuda histórica con las mujeres” y señaló que la actual legislatura tenía la oportunidad de garantizar derechos que antes fueron ignorados.

Congreso Durango Por su parte, los grupos feministas resaltaron que penalizar el aborto no solo criminaliza a las mujeres, sino que tiene efectos graves en la salud pública. Representantes de organizaciones como AbortistasMX advirtieron que la falta de acceso tiene consecuencias desproporcionadas en mujeres vulnerables, y pidieron que el Congreso no solo legisle, sino que lo haga con perspectiva de derechos humanos.

La presión para actuar viene también desde tribunales. En julio de 2025, un tribunal federal concedió un amparo que declaró inconstitucionales los artículos 148, 149 y parte del 150 del Código Penal duranguense y ordenó al Congreso local derogarlos. En la discusión pública también ha sido clave la diputada Sandra Amaya, quien defendió que la despenalización no significa “aprobar el aborto”, sino simplemente eliminar la penalización para que las mujeres no enfrenten cárcel.

Del otro lado, algunos legisladores se han negado a avanzar, argumentando que aún no se han analizado todos los escenarios o que el tribunal no puede imponer reformas legislativas de forma generalizada. El objetivo de los colectivos feministas, foros y campañas es visibilizar la necesidad urgente de que Durango alcance una legislación más moderna sobre derechos reproductivos.

Para muchas personas, el momento ha llegado: si los diputados votan a favor, se convertiría en un paso importante hacia la garantía del derecho a decidir. Si no lo hacen, existe el riesgo de que continúe la omisión frente a un mandato judicial.

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