La desaparición y muerte de cuatro hombres revela un patrón inquietante: cada vez más duranguenses son víctimas en estados vecinos, en circunstancias poco claras y con respuestas oficiales insuficientes.
 

Saúl Macías

La desaparición y posterior hallazgo sin vida de cuatro duranguenses en Chihuahua volvió a exponer la fragilidad de los desplazamientos en el norte del país. Jair Núñez Gandarilla, Jesús Román De Santiago Solís y los hermanos Juan y Ezequiel Corral Acuña emprendieron un viaje laboral hacia la zona minera de Aquiles Serdán. Nunca llegaron. Las comunicaciones se interrumpieron sin previo aviso y, con ellas, la tranquilidad de sus familias.

Tras horas de silencio, la alarma se propagó. Las familias intentaron localizarlos una y otra vez, hasta que la evidencia fue rotunda: había desaparecido todo rastro. La búsqueda se convirtió en una carrera contra el tiempo, marcada por la incertidumbre y la ausencia de una respuesta institucional inmediata. La confirmación llegó días después: los cuatro habían sido encontrados sin vida en un área rural de Chihuahua.

Las pruebas de ADN no sólo corroboraron su identidad, sino que revelaron otro dato perturbador: en esa misma zona se localizaron más víctimas. Un hallazgo que obliga a mirar con mayor atención la violencia que se concentra —y muchas veces se oculta— en regiones mineras y rurales, donde confluyen intereses económicos, control territorial y disputas criminales.

El impacto fue inmediato en Durango, especialmente en Tepehuanes, donde los hermanos Corral eran conocidos. Las familias enfrentan hoy el duelo, pero también la incertidumbre: las autoridades han confirmado que se trató de un hecho violento, sin ofrecer claridad sobre el contexto, los responsables o el móvil. Un silencio que deja preguntas abiertas y aumenta la presión social.

El caso no es aislado. En los últimos meses se han registrado desapariciones y muertes de duranguenses en estados vecinos bajo circunstancias difusas. La historia de estos cuatro hombres se suma a un patrón repetido: rutas de trabajo convertidas en rutas de riesgo, territorios disputados y una violencia que continúa avanzando mientras las explicaciones oficiales no llegan.

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