La Comisión Anticorrupción del Congreso de Nuevo León aprobó iniciar un juicio político contra el gobernador Samuel García Sepúlveda por presuntas triangulaciones de recursos públicos. El mandatario fue citado para presentar su defensa ante el Poder Legislativo estatal.

EUSKERA

Monterrey, NL.- La Comisión Anticorrupción del Congreso de Nuevo León aprobó el inicio de un procedimiento de juicio político contra el gobernador Samuel García Sepúlveda, derivado de una denuncia relacionada con presuntas irregularidades en el manejo de recursos públicos.

La solicitud fue promovida por integrantes de Morena y plantea posibles actos vinculados con presunta triangulación de recursos y probable peculado, por lo que el órgano legislativo acordó dar trámite al procedimiento conforme a la legislación estatal.

Tras la aprobación, el mandatario estatal será notificado oficialmente y contará con un plazo para presentar su defensa, ya sea por escrito o de manera presencial ante el Congreso local.

Además, fue citado para comparecer el próximo 23 de junio, fecha en la que podrá responder a los señalamientos y definir si será representado por una defensa particular o por la Defensoría Pública.

La denuncia surge luego de diversas investigaciones periodísticas que señalan un presunto esquema financiero mediante el cual recursos públicos habrían sido canalizados a empresas y despachos relacionados con familiares del gobernador.

De acuerdo con las acusaciones, los recursos presuntamente habrían sido transferidos a través de distintos mecanismos financieros hacia empresas vinculadas con integrantes de su familia, para posteriormente ser movidos a otras compañías y cuentas fuera del país.

Por su parte, Samuel García ha rechazado las acusaciones y sostiene que los hechos ya fueron investigados por autoridades estatales, las cuales determinaron el no ejercicio de la acción penal al no encontrar elementos que acreditaran irregularidades.

Durante la discusión legislativa, algunos diputados señalaron que el procedimiento busca esclarecer los señalamientos y garantizar la rendición de cuentas, mientras que legisladores de Movimiento Ciudadano consideraron que la denuncia carece de pruebas suficientes y está sustentada principalmente en publicaciones periodísticas.

La Comisión Anticorrupción se declaró en sesión permanente para dar seguimiento al caso y continuar con las etapas previstas en la Ley de Juicio Político del Estado.

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