La joven desapareció a los 18 años; su madre acudió diariamente a la Fiscalía durante años sin obtener información. Los restos habían sido localizados desde mayo de 2011 en una fosa clandestina de Durango.
EUSKERA
Durango, Dgo.- Jessica Vargas desapareció en febrero de 2011, cuando tenía 18 años y salió rumbo a una fiesta en Durango. Desde entonces, su madre, María de Jesús González, inició una búsqueda que se volvió parte de su rutina diaria: acudir a la Fiscalía, preguntar por avances, insistir en que alguien revisara el expediente. Durante tres años y medio no faltó un solo día, pero las respuestas nunca llegaron.
La investigación se fue diluyendo entre trámites mínimos y desinterés institucional. Según relató la familia, los agentes del Ministerio Público solían limitarse a pedir el número telefónico de Jessica, como si el caso no hubiera pasado de una desaparición reciente. Mientras tanto, en 2011 Durango se llenaba de fosas clandestinas y de cuerpos sin identificar, en un contexto que rebasó a las autoridades y dejó miles de familias a la deriva.

El pasado 28 de octubre, más de una década después, la Fiscalía General del Estado citó a la madre de Jessica para entregarle una noticia que explica por sí sola la dimensión del abandono. Los análisis genéticos confirmaron que los restos de su hija estaban en la fosa común del Panteón Valle de los Sabinos desde 2011. El cuerpo había sido localizado aquel mismo año en una de las fosas clandestinas descubiertas en la capital, pero nunca se hizo el cruce que habría evitado catorce años de incertidumbre.
La omisión no es menor. Mientras la madre recorría oficinas y esperaba respuestas, los restos de Jessica permanecían bajo resguardo oficial, sin que alguien cuestionara por qué el expediente seguía abierto. El caso evidencia una cadena de negligencias que no sólo retrasó la identificación, sino que prolongó un duelo que pudo comenzar hace más de una década.

Este jueves 13 de noviembre, Jessica fue velada por su familia y amigos en una funeraria de Durango. Tenía 18 años cuando desapareció; hoy habría cumplido 33. Su historia vuelve a colocar frente al debate público el papel de las instituciones encargadas de buscar e identificar a las personas desaparecidas, y el impacto humano de una burocracia que, demasiadas veces, tarda años en hacer lo que debió resolverse desde el primer día.
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