El fiscal especializado Noel Díaz Rodríguez informó ante el Congreso que, entre septiembre de 2024 y agosto de 2025, se judicializaron 105 carpetas, se obtuvieron 72 sentencias condenatorias y 332 servidores públicos repararon el daño.

EUSKERA

Durango, Dgo.- La rendición de cuentas de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción ante el Congreso del Estado dejó un dato sobresaliente: casi 145 millones de pesos recuperados en reparación de daño a víctimas desde el inicio de operaciones hasta agosto de 2025. Así lo informó el fiscal Noel Díaz Rodríguez en su comparecencia ante el Congreso del Estado, en la que aseguró que la institución ha fortalecido su capacidad para investigar y sancionar prácticas de corrupción en la administración pública.

Díaz Rodríguez destacó que, en el último año, la dependencia judicializó 105 carpetas de investigación en los juzgados penales del estado y acumuló un total histórico de 72 sentencias condenatorias, incluido el caso de un particular que recibió 16 años de prisión. Además, 332 servidores públicos y 22 particulares han reparado el daño mediante acuerdos o sentencias, lo que refleja —dijo— un cambio tangible en favor de la legalidad.

El fiscal subrayó la desarticulación de “complejas redes de corrupción”, con casos como los derivados de la Comisión Estatal del Agua y el Registro Civil, donde servidores públicos fueron sancionados. También señaló que, en el periodo analizado, se recibieron 674 denuncias, un incremento del 15.2% respecto al año anterior, de las cuales el 70% provinieron de ciudadanos, lo que atribuyó a una mayor confianza en la institución.

Entre las acciones recientes figura la creación de la Unidad Especializada en Investigación del Delito de Tortura, tras la reforma legal de noviembre de 2024. Durante su primer año, esta nueva área recibió 69 asuntos, en su mayoría solicitudes de colaboración de otras entidades del país, lo que abre un campo adicional de responsabilidad para la fiscalía.

Con estas cifras, la Fiscalía Anticorrupción busca mostrar resultados frente a una ciudadanía que ha incrementado sus denuncias y que, según Díaz Rodríguez, “encuentra cada vez más evidencia de que el sistema de justicia puede dar respuestas concretas frente a los abusos de poder”.

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