Estados Unidos ha comenzado a sancionar a políticos mexicanos, incluyendo a figuras del norte del país, por presuntos vínculos con el narcotráfico.

EUSKERA

Ciudad de México.- El gobierno de Estados Unidos comenzó a imponer restricciones de visa y preparar sanciones contra políticos mexicanos sospechosos de tener vínculos con el narcotráfico, reveló El País este viernes. Las medidas, impulsadas por la administración de Donald Trump, buscan presionar al gobierno mexicano en su combate al crimen organizado. Entre los afectados hay gobernadores, exfuncionarios y operadores políticos de Morena, el partido en el poder.

La lista incluye a figuras cercanas al expresidente Andrés Manuel López Obrador y a la actual presidenta Claudia Sheinbaum. Aunque los nombres no se han revelado oficialmente, fuentes del Departamento de Estado citadas por El País indican que las investigaciones alcanzan a políticos del norte del país, una región históricamente disputada por grupos criminales.

Hasta ahora, dos políticos han confirmado la revocación de sus visas, entre ellos la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila, quien atribuyó la medida a una “situación” relacionada con su esposo, un exdiputado. Ávila afirmó que no ha cometido ninguna falta, pero reconoció la afectación. La cancelación se ampara en la Sección 212 de la Ley de Inmigración y Nacionalidad de EE. UU., que permite negar el acceso a personas con sospechas de colaboración con el crimen organizado.

Además de las restricciones migratorias, el Departamento del Tesoro podría aplicar sanciones económicas, como el congelamiento de cuentas y la prohibición de hacer negocios con empresas estadounidenses. Las acciones están siendo coordinadas por un equipo liderado por Anthony Salisbury, asesor adjunto de seguridad nacional, y forman parte de una ofensiva mayor para castigar la corrupción ligada al narcotráfico.

La presidenta Claudia Sheinbaum solicitó la semana pasada explicaciones al gobierno de EE. UU., argumentando falta de transparencia y posibles motivaciones políticas detrás de las sanciones. Sin embargo, el Departamento de Estado respondió que la información sobre visas es confidencial por ley. Mientras tanto, se espera que más nombres se sumen a la lista negra, lo que podría tener efectos políticos y diplomáticos en un momento clave para México.

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