La madre del joven desaparecido en Mazatlán reclama presuntas omisiones de funcionarios federales y espera que un Tribunal Colegiado revise la negativa de suspensión provisional.

Emmanuel García V.

Durango, México.- La justicia federal admitió la demanda de amparo promovida por Brenda Valenzuela Gil contra el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, y otros mandos de esa dependencia, por presuntas omisiones en las diligencias para localizar a su hijo, Carlos Emilio Galván Valenzuela, desaparecido en Mazatlán, Sinaloa, desde octubre de 2025.

Como parte del procedimiento, las autoridades señaladas deberán rendir un informe previo en un plazo de 48 horas y uno justificado dentro de los siguientes 15 días, de acuerdo con la actualización difundida por la madre del joven.

El recurso busca que se revise la actuación de funcionarios de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), a quienes la familia atribuye falta de supervisión y ejecución de diligencias ministeriales que podrían aportar información relevante para conocer el paradero de Carlos Emilio.

De acuerdo con el señalamiento de Brenda Valenzuela, el Ministerio Público Federal ordenó localizar y entrevistar a dos personas que podrían aportar datos sobre lo ocurrido durante la desaparición. Sin embargo, sostiene que las instrucciones fueron reiteradas sin que hasta ahora exista constancia suficiente de su cumplimiento.

La madre también señaló que el 21 de octubre solicitó formalmente la intervención de las áreas de inteligencia federales para apoyar en la búsqueda, pero afirmó que no recibió respuesta a esa petición. Ante lo que considera falta de actuación institucional, decidió llevar el reclamo ante los tribunales federales.

Aunque el juzgado admitió la demanda, inicialmente negó la suspensión provisional solicitada por la parte quejosa. Frente a esta determinación, la representación legal interpuso un recurso de queja para que un Tribunal Colegiado revise si procede ordenar medidas urgentes relacionadas con las diligencias reclamadas.

A más de un año de los hechos, su madre mantiene la exigencia de que las instituciones agoten las líneas de investigación y utilicen sus capacidades para avanzar en la búsqueda. La admisión del amparo abre una nueva etapa judicial para revisar las presuntas omisiones, aunque todavía no representa una resolución definitiva sobre la responsabilidad de los funcionarios señalados.

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