Se presenta iniciativa para tipificar el delito de cohabitación forzada en el Código Penal del Estado de Durango, propuesta por la diputada Sughey Torres Rodríguez, que contempla penas de 8 a 15 años de prisión.

Edna Alemán

Durango, Dgo.- Esta iniciativa plantea la protección de niñas, niños, adolescentes y personas en condiciones especiales de vulnerabilidad, castigando a quienes los induzcan, obliguen o promuevan a mantener una convivencia similar a la de un matrimonio, ya sea con alguien de su misma edad o con una persona adulta.

La diputada planteó que la iniciativa adicionaría un capítulo al Código Penal del Estado, incorporando el delito de cohabitación forzada. Quienes cometan este delito podrían recibir multas de mil a dos mil 500 días, así como penas de hasta 15 años de prisión.

Estas sanciones también podrían incrementarse si se presentan circunstancias agravantes, tales como violencia física o psicológica, amenazas, intimidación y abuso por parte de padres, tutores o personas responsables de la guarda, custodia o cuidado, así como la búsqueda de beneficios económicos.

También mencionó que se contempla salvaguardia reforzada para todas aquellas víctimas que provengan de pueblos o comunidades indígenas o afromexicanas.

La diputada planteó que, aunque en México el matrimonio infantil está prohibido, existen otras formas de unión que pueden representar una vulneración de los derechos, por lo que citó datos del INEGI registrados en el Censo de Población y Vivienda 2020, en el que se reportó que 224 mil 454 adolescentes de entre 12 y 17 años estaban casados o vivían en unión libre en el país.

Asimismo, Durango registró ese mismo año una tasa de fecundidad forzada de 2.1 nacimientos por cada mil niñas de entre 10 y 14 años. Aunque estas cifras no corresponden necesariamente a casos de cohabitación forzada, la diputada mencionó que reflejan condiciones de vulnerabilidad que requieren mayor protección.

“Que ninguna niña tenga que renunciar a sus sueños para cumplir los de alguien más, que ningún niño vea su futuro decidido por otros y que ninguna persona sea obligada a vivir una vida que no eligió”, expresó la legisladora.

La propuesta fue presentada ante el Congreso del Estado y, aunque continúa en análisis para su aceptación y seguimiento del proceso legislativo, las diputadas Gaby Vázquez Chacón y Delia Enríquez también se sumaron a la iniciativa.

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