El Código Penal de Durango contempla penas de prisión y multas por amenazas. Las llamadas o mensajes falsos que movilicen a los cuerpos de emergencia también pueden ser sancionados, aunque el responsable sea menor de edad.

Emmanuel García V.

Durango, Dgo.- Escribir en los baños de una escuela, publicar en redes sociales o difundir mensajes que anuncien un supuesto tiroteo puede tener consecuencias legales, incluso si se presenta como una broma. En Durango, estas conductas pueden investigarse como amenazas o como uso indebido de los sistemas de emergencia, según el contenido, el medio utilizado y los efectos que provoque.

El tema cobró relevancia por varios reportes registrados durante octubre. El 5 de octubre, en Gómez Palacio, circularon mensajes sobre posibles ataques contra el Instituto 18 de Marzo y el Jardín de Niños Guadalupe Victoria. El 13 de octubre se reportó una amenaza en la Escuela Secundaria Técnica 67, José Santos Valdés, en el municipio de Durango, el 14 de octubre ocurrió otro caso en la Telesecundaria República y Libertad, del poblado 5 de Mayo, también en Durango.

El artículo 174 del Código Penal del Estado de Durango establece de tres meses a un año de prisión y una multa de 18 a 72 veces la Unidad de Medida y Actualización (UMA) para quien amenace con causar daño a una persona, sus bienes, honor o derechos. Con la UMA diaria de 117.31 pesos, esa multa equivale aproximadamente a entre 2 mil 111.58 y 8 mil 446.32 pesos mexicanos.

Cuando las llamadas o mensajes falsos son realizados por menores de edad, el artículo 406 prevé servicios en beneficio de la comunidad conforme al sistema de justicia para adolescentes.

Esto significa que no se les aplican automáticamente las penas previstas para adultos. La autoridad debe considerar su edad, la conducta atribuida, las pruebas y las circunstancias del caso.

No todos los mensajes reciben la misma clasificación jurídica. Escribir una amenaza en una pared, publicarla en redes sociales o llamar directamente a un número de emergencia son conductas distintas, y la Fiscalía debe determinar cuál delito corresponde.

Una investigación o detención tampoco equivale a una sentencia, para afirmar que hubo condena se requiere una resolución judicial firme.

Las escuelas y autoridades deben revisar cada reporte, aunque parezca una broma, para descartar un riesgo real e identificar a quien lo difundió. Estudiantes, docentes y familias deben informar de inmediato a la dirección escolar o a las autoridades, conservar capturas de pantalla y evitar compartir los mensajes como si fueran hechos confirmados. Una amenaza no deja de ser relevante porque el ataque finalmente no ocurra.

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