La alcaldesa Betzabé Martínez aseguró que algunos negocios utilizan agua obtenida de manera ilegal para comercializarla, mientras continúan las revisiones para detectar más conexiones irregulares.

EUSKERA

Gómez Palacio, Durango.- Durante una serie de recorridos de supervisión realizados en distintos puntos del municipio, autoridades detectaron tomas clandestinas, conexiones irregulares y un expendio de agua purificada que operaba pese a contar con sellos de clausura previamente colocados.

La presidenta municipal, Betzabé Martínez Arango, informó que una de las revisiones se llevó a cabo en el ejido Competencia, donde localizaron un negocio dedicado a la venta de agua purificada que continuaba funcionando después de haber sido clausurado. Según explicó, los sellos fueron violados para mantener la operación del establecimiento.

La alcaldesa señaló que el negocio forma parte de una empresa que cuenta con siete purificadoras y ordenó una nueva clausura, además de la aplicación de sanciones y la presentación de las denuncias correspondientes.

Posteriormente, acudió a la comunidad de La Popular, donde vecinos habían reportado baja presión en el suministro. Durante la inspección se detectó una fuga provocada por una interconexión ilegal a la red hidráulica, situación que, de acuerdo con las autoridades, podría estar relacionada con el abastecimiento irregular hacia una granja.

Más tarde, en la zona urbana, personal municipal encontró una vivienda conectada de manera irregular a la red de agua potable. Además, se observó que una construcción contigua también contaba con conexiones sin autorización.

Ante esta situación, se ordenó cancelar las tomas y solicitar a los propietarios que regularicen su situación ante los organismos operadores de agua.

La presidenta municipal adelantó que continuarán los operativos de revisión en distintos sectores del municipio para detectar conexiones clandestinas y garantizar que los usuarios cuenten con contratos vigentes para el servicio.

Finalmente, hizo un llamado a las personas que reciben agua potable sin estar registradas o sin realizar los pagos correspondientes para que acudan a regularizarse ante los organismos operadores, con el objetivo de evitar sanciones y mejorar la distribución del servicio.

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