Claudia Díaz Pérez aparece en la Plataforma Nacional de Transparencia con percepciones en dos entes públicos.

EUSKERA

Durango, Dgo.- La Plataforma Nacional de Transparencia muestra que Claudia Díaz Pérez, titular del Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada Estatal del IMSS en Durango, percibe un sueldo mensual bruto de 152 mil 337 pesos y un neto de 109 mil 790 pesos. En esa misma plataforma también aparece con otro registro en la Secretaría de Salud del Estado de Durango, donde figura con el cargo de “especialista”, con un sueldo mensual bruto de 170 mil 356 pesos y neto de 104 mil 4 pesos.

En conjunto, ambas percepciones representan 322 mil 693 pesos brutos al mes y 213 mil 794 pesos netos mensuales. Solo en sueldo base, eso equivale a 3 millones 872 mil 316 pesos brutos al año, sin contar ingresos adicionales. En la ficha del IMSS, además, se reportan percepciones extra anuales por 376 mil 669.10 pesos brutos, entre aguinaldo, prima vacacional y otras prestaciones.

El punto de interés público no es solamente el tamaño del ingreso. Lo relevante es si una funcionaria con un cargo directivo de alto nivel en el IMSS puede desempeñar de manera real, simultánea y justificada otro puesto pagado en la Secretaría de Salud estatal. Ahí surge la pregunta de fondo: si existe compatibilidad formal entre ambos cargos, si no hay traslape de horarios y si ambas responsabilidades se cumplen efectivamente.

En un país como México, donde el uso del dinero público está bajo permanente escrutinio y los servicios de salud enfrentan carencias, este tipo de doble percepción resulta políticamente delicada y socialmente cuestionable. No porque automáticamente sea ilegal, sino porque exige una explicación puntual, documental y transparente.

Por qué esto puede presentarse como algo negativo en México:
Porque refleja, de entrada, una posible contradicción entre el discurso de austeridad y la realidad de la alta burocracia; porque puede generar la percepción de privilegio dentro del servicio público; porque abre dudas sobre si una sola persona puede cumplir dos encargos remunerados en instituciones distintas; y porque, en el terreno político y social, se vuelve difícil de justificar frente a médicos, enfermeras, pacientes y ciudadanos que viven un sistema de salud con rezagos.

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